La mirada del Derecho a la sociedad colombiana

Por Ángela María López

Desde que se creó el Congreso de la República en 1820, en Colombia se han proferido 5.967.000 leyes, la mayoría, aún vigentes. Pero más que un grupo de normas, las leyes tienen una relación intrínseca con las comunidades, con seres que comparten este territorio. Al menos así lo cree la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Manizales, María Teresa Carreño Bustamante.

Eureka habló con ella del futuro de las normas en el país y las investigaciones que realiza el Grupo de Investigación Derecho y Sociedad, y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Conflicto, escalafonados en las categorías A y B respectivamente.

¿Cómo está configurada la investigación en ciencias jurídicas en la Universidad de Manizales?

RESPUESTA Se han realizado investigaciones como la solicitada por el Icfes para determinar las competencias a evaluar en los estudiantes de derecho. Uno de los hallazgos significativos fue el cambio paradigmático en los procesos de formación de abogados en el país. Se encontró que un alto porcentaje de los programas están preocupados por formar hacia lo social.

Hay una línea fuerte en derecho a la consolidar el Observatorio para la Alimentación en América Latina; otras investigaciones realizadas han estado cofinanciadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que han permitido detectar la falta de implementación de las políticas públicas en esta materia. En consecuencia, hicimos un convenio con la Gobernación de Caldas para determinar la problemática en los 27 municipios del departamento para tomar medidas pertinentes. Además, hemos adelantado un trabajo importante en torno al medio ambiente, con investigaciones cofinanciadas por Colciencias sobre cambio climático y desplazamiento por motivos climáticos, con resultados impactantes ya expuestos en un libro, también financiado por esta entidad.

La investigación en la Facultad está orientada hacia lo sociojurídico. ¿Qué implica esta apuesta?

RESPUESTA Esta apuesta se fortalece de manera muy concreta a partir de la Constitución de 1991. Ella detona una organización jurídica distinta en Colombia, una integración diferente entre los sujetos, los ciudadanos, y de los ciudadanos con el Estado, al generar propuestas muy nucleares, como ser un Estado Social de Derecho y una democracia participativa. La participación como posibilidad de construcción de un Estado Social de Derecho no sería posible sin los sujetos. Este es un postulado fuerte de la Constitución. Ya no es el derecho como norma que regula a la sociedad, sino el derecho como producto social.

A propósito de la Constitución, muchos proponen modificarla, incluso cambiarla. ¿Qué opina al respecto?

RESPUESTA Un contrato social como lo es la Constitución de 1991 ha logrado defender esos principios fundamentales y los ha logrado desdoblar en la normatividad. Cuando se empieza a presentar esta tensión de los políticos en cómo desean cambiarla, lo que se evidencia son los intereses particulares de los partidos y de los mismos políticos y de otros agentes sociales.

Una constitución debe protegerse, generar esos cambios culturales que pretendió la sociedad que la creó, y no estar respondiendo, mediante reformas, a los intereses particulares de quienes quieren beneficiarse con ellas. Cuando se plantea esa tensión, se evidencia la pobreza cultural existente en un país de general ignorancia, que no ha permitido construir y fortalecer una conciencia colectiva y autónoma que defienda su propia regulación. La protección de un contrato social es tarea de la sociedad.

¿Es un problema de educación?, ¿Qué responsabilidad le cabe a las universidades, y específicamente, a los programas de derecho?

RESPUESTA La educación es uno de los elementos que más falta hace; también le compete al sector político y económico, y a la sociedad en general. Los programas de derecho estamos haciendo lo que debemos, como generar resultados investigativos, pero depende también de las voluntades políticas de los gobiernos en las diferentes instancias. También es falta de cultura política… Se requiere un cambio de conciencia política, de políticas públicas que determinen una educación con mayor cobertura, que sea gratuita, pues es un derecho social fundamental. Pero por el momento no logra toda la cobertura, por lo que limita el proceso formativo a una gran porción de la población colombiana. Hasta que eso no se resuelva, no vamos a adquirir una conciencia colectiva que responda por las invasiones y daños contra la voluntad general plasmada en la Constitución.

También es falta de cultura política…

RESPUESTA El cambio tiene que ser cultural y eso lleva tiempo; debe construirse de manera paulatina. Los programas de derecho nos esforzamos en el tema de la participación, pero todavía es una sociedad que se comporta dentro de los lineamientos de la Constitución de 1886; no hay un empoderamiento por parte de los sujetos, pero sí un sometimiento al Estado. Trascender a la autonomía es algo que requiere un enorme proceso de formación.