Los jóvenes y el estallido social, ¿el momento para escucharnos?
Por: Miguel Martínez Delgadillo
Las protestas en Colombia del 2021 fueron muestra de las diversas formas de participación política de los jóvenes.
Al preguntar a algunos transeúntes desprevenidos qué recordaban de las protestas del 2021, la mayoría se quedó con las imágenes de los bloqueos a vías, los enfrentamientos violentos entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios – Esmad de la Policía Nacional, y el “caos que reinaba en las calles y carreteras del país”, como ellos lo denominaron. Sin embargo, para un grupo de académicos, el asunto va mucho más allá. Docentes investigadores del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (Cinde-Universidad de Manizales) y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, analizaron las experiencias vividas de jóvenes en Colombia, en el estallido popular de 2021.
Lo primero que advierten en el artículo publicado fue que no faltaban motivos para protestar. Propuestas tributarias, de salud y pensionales, la precarización ampliada con la pandemia, la violencia directa ejercida contra jóvenes identificados e identificadas como líderes sociales y la violencia estatal ante las manifestaciones, activaron a los jóvenes para que emergiera un poder popular en oposición y contradicción con el poder político y económico, dice el estudio.
La radicación de una reforma tributaria por parte del gobierno de Iván Duque, en la que se pretendía cobrar nuevos impuestos a productos de la canasta familiar y servicios básicos, fue la gota que rebosó la copa. Miles de personas salieron a las calles en diferentes partes del país a exigir cambios en las decisiones políticas del gobierno. Para Julián Loaiza, profesor del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – Cinde – Universidad de Manizales y coinvestigador, este es un tipo de participación política que, dentro de la democracia, trasciende la simple participación electoral. En ella, lo político no es estático, sino un ejercicio permanente que se nutre de lo popular, para generar vínculos y discusiones sobre temas de interés público.
De las 12.478 protestas realizadas en 862 municipios durante el estallido social, el 89% de las protestas, es decir, 11.060, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia.
El estudio analizó informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tres ONG para conocer la respuesta estatal a los manifestantes. Entre el 28 de abril y el 4 de junio, se dieron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos. Entre ellos se incluyen 6328 concentraciones, 2300 marchas, 3190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. El 89% de las protestas, es decir, 11.060, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia, según la CIDH.
Por su parte, Temblores ONG, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz y del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS, reportaron 3798 víctimas de violencia por parte de miembros de la fuerza pública. Entre ellas 1248 víctimas de violencia física, 41 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, 187 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género. “Fueron días muy difíciles porque quienes se suponía que debían garantizar los derechos del pueblo, querían callar nuestras voces y provocar el caos para hacer creer a la gente que nuestros reclamos no eran legítimos”, asegura Kelly Rengifo, coordinadora de la Red de Huertos Agroecológicos de Cali y estudiante de la Universidad del Valle y quien no hizo parte de la investigación.
La resistencia, un motor de cambio
Aunque la investigación recoge múltiples violaciones y vulneraciones a los derechos de los manifestantes, no se queda ahí. “Estas cifras demuestran que los y las jóvenes son actores políticos en tanto confrontan al Estado. Sin embargo, no podían hacerlo en igualdad de condiciones, lo que explica un ejercicio de la violencia muy complejo”, sostiene el profesor Loaiza. Para la investigación, la confrontación comprende un conjunto de actitudes, discursos y prácticas de oposición ante una problemática social, una situación violenta originada por el establecimiento o el sostenimiento de condiciones de desventaja para determinados sectores sociales.
Y es que no es la primera vez que se usa. Desde la Revolución francesa, en la formalización de los derechos civiles y políticos del mundo occidental, fueron reconocidos los derechos de rebelión y de resistencia a la opresión ante gobernantes que ejercen medidas arbitrarias o violentas contra la sociedad civil. Este tipo de resistencia social se ha usado en momentos históricos como Mayo del 68 en Europa y Estados Unidos, Seattle (1999), Cancún (1999 y 2003), Praga (2000), Barcelona (2001 y 2003) los indignados del M-15 (España) y las llamadas revueltas árabes. Durante 2019 y 2020 se llamaron estallidos sociales y tuvieron lugar en Asia Oriental, Oriente Medio, Europa Occidental y América Latina.
Aunque no tenga mucha popularidad en la opinión pública, este repaso histórico que hace el estudio, evidencia que es una forma de participación política que ha logrado cambiar medidas estatales en diferentes épocas, ubicaciones y contextos. Advierte Loaiza que los manifestantes no entienden la resistencia como soportar ciertas condiciones, sino que también es emprender acciones para que dicha situación cambie. No es una actitud pasiva, sino que busca la transformación de la realidad de las comunidades.
La re existencia para trascender la violencia
Los investigadores encontraron que el estallido social de 2021, aunque tuvo episodios de confrontación física, fueron muchos más los espacios de confrontación simbólica. El profesor Loaiza explica que las protestas y manifestaciones no se dieron con las plazas principales de las ciudades, o en las universidades, como casi siempre. Esta vez, sucedieron en los barrios. Eso ya genera nuevas formas de relacionarse con las personas cercanas para resignificar el espacio. “Las prácticas estéticas durante el estallido fueron diversas”, afirma la investigación. Música, danza, murales, teatro, pintura, escultura, grafiti, poesía se unieron al repertorio de los manifestantes, que no solo servían para mantener el ánimo durante semanas, sino que se tratan de actos profundamente políticos que propician condiciones de sensibilidad y de reflexión para la acción.
“Que hoy tengamos educación superior gratuita en las universidades estatales, creo que es resultado de las discusiones que se dieron durante esos meses”: Julián Loaiza.
Además, este tipo de obras sirvieron también para generar nuevos vínculos en la comunidad. “El estallido social fue un acto colectivo, pero también conectivo, porque generó tejido social. Alrededor de una olla comunitaria o de los murales de Medellín, del monumento de Cali, se dieron reflexiones sobre la situación de la comunidad, de la ciudad, del país”, sostiene Loaiza.“Que hoy tengamos educación superior gratuita en las universidades estatales, tiene que ver en gran parte con las discusiones que se dieron durante esos meses”, agrega.
“Siento que pasamos del estallido social, al estallido de las ideas, de la conciencia. Mucha gente que nunca se había interesado en participar, solidariamente ayudó, reflexionó y aportó desde donde podía sus visiones, reflexiones, y generó encuentros pedagógicos en 28 puntos en Cali. Así logramos legitimar y construir entre todos el monumento en Puerto Resistencia. El estallido sigue vivo y en pie de lucha por los cambios estructurales”, dice Kelly Rengifo.
La investigación comprobó que la acción juvenil es capaz de construir alternativas, nuevas formas de entender el mundo y las realidades que se viven en las ciudades y regiones del país. Que este tipo de manifestación no solo es colectiva, sino que propicia el diálogo y crea redes de discusión y de acción. Por ello, la importancia de valorar las resistencias y re-existencias de los jóvenes ante medidas políticas, la represión o un Estado indolente que ha despreciado los espacios de concertación con diversos sectores de la sociedad civil.
Para leer más. Artículo publicado en el Dossier de la Revista Iberoamericana. América Latina – España – Portugal (2023, #82), con el nombre: Jóvenes en el estallido popular en Colombia 2021: resistencias y re-existencias
Título de la investigación: Jóvenes en el estallido popular en Colombia 2021: resistencias y re-existencias.
Coinvestigadores: Sara Victoria Alvarado-Salgado, María Camila Ospina-Alvarado, Juan Carlos Amador-Baquiro, Julián Andrés Loaiza de la Pava.
Instituciones participantes: Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – Cinde, Universidad de Manizales y Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Financiación: financiación propia.
Período de la investigación: 2021-2023
Mira nuestro capítulo de Ciencia de bolsillo ✊🏻 Juventud en pie: estallido social en Colombia 2021 con Julián Andrés Loaiza de La Pava, doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, investigador y director del Departamento de Humanidades de la Universidad de Manizales.
Escucha el documental sonoro Resistencias y re-existencias:
