“
El día que él desapareció, que lo desaparecieron, vino un amigo suyo y lo sacó de la casa, esta es la hora que él no aparece”, relató una hermana en San Pablo. En este municipio del sur de Bolívar, a las 6:00 de la tarde, las puertas de las casas comenzaron a cerrarse. Sentarse en el andén dejó de ser una decisión al momento de ver pasar las motos, los habitantes sabían que los disparos pronto comenzarían.
En Colombia, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas registra 137.000 personas desaparecidas en hechos relacionados con el conflicto armado. En marzo de 2025, la misma entidad reporta que 23.561 mujeres participaban en los procesos de búsqueda.
En San Pablo, el confinamiento se convierte en aislamiento frente al otro. El miedo constante de lo que el vecino dice que implica convertir a alguien en un bando o el otro. Lugares de encuentro como la cancha, la fuente de soda o el parque se transformaron en zona de castigo. Los victimarios arremetían contra la comunidad en público para ejercer miedo.
“Cualquiera podía ser blanco de este grupo (paramilitares) porque éramos guerrilleros para ellos”, relata Manuela, una voz de la investigación Trauma psicosocial en Colombia: narrativas de víctimas/sobrevivientes de desaparición forzada en el postacuerdo, realizada por la investigadora Sandra Milena Serrano Mora, doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Cinde y la Universidad de Manizales. El estudio buscó comprender qué ocurre con los vínculos comunitarios de San Pablo después de años de violencia y, particularmente, qué consecuencias produce la desaparición forzada de jóvenes en sus familias y en todo el pueblo.
No fue de un día para otro. La ubicación de San Pablo, atravesada por el río Magdalena y corredores comerciales, permitió que el territorio fuese blanco de disputas entre grupos ilegales. En la investigación se registra la primera incursión del Ejército de Liberación Nacional, ELN, el 7 de enero de 1971. Comenzaron entonces los silencios en la comunidad. El miedo se convirtió en una transformación simbólica ante la incertidumbre, pues a finales de los años setenta llegó otro grupo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que, sumándose a la lista, hizo declarar como “zona roja” al pueblo.
Para ejemplificar la situación, Serrano relata que a San Pablo llegaron primero los grupos armados ilegales que el agua potable. Sus pobladores cuentan con el servicio apenas una vez a la semana. Uno de los dispositivos en que la moral pública comienza a ser tela de juicio para los actores, es el señalamiento derivado: “Entonces el actuar de esa gente era eso, dejar un mensaje claro de muerte, de te callas y si hablas pues eres acusado por lo que ya ellos creían que era uno”, recalca Manuela, una de las mujeres buscadoras citadas en la investigación.
En el estudio hablan tres voces nombradas como heroínas colombianas: Manuela, una madre de tres hijos. A ella le desaparecen a su muchacho de 21 años. Ella se convirtió en líder social tras una búsqueda por 14 años. Antonia, una joven hermana mayor quien toma las banderas de búsqueda a partir de la muerte de su madre y Policarpa, una mujer de la zona rural. Un día se llevaron a sus dos hijos a una cantina, el mayor regresó, pero el menor de 19 años nunca apareció.
Según la investigadora Sandra Milena Serrano, desaparecer a los jóvenes es una forma de detener los procesos de desarrollo en los territorios, ya que cortan con generaciones que relevan actividades de la zona y que, además, proponen nuevas ideas para que su comunidad avance.
“En contraposición a la figura del joven desaparecido aparece la mujer, la madre, la que no permite que su hijo desaparezca nunca”, comenta Serrano. El Registro Único de Víctimas contabilizaba, con corte al 31 de marzo de 2020, 180.308 víctimas directas e indirectas de desaparición forzada.
De ellas, 49.264 son víctimas directas y 131.044 indirectas. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, por su parte, registraba 80.472 víctimas directas entre 1958 y 2018. Las cifras varían entre instituciones porque cada sistema utiliza criterios y periodos de registro diferentes.
Manuela se convirtió en líder social. No solo para buscar a su hijo, sino también para ayudar a otras madres a buscar los suyos, o al menos para enfrentar la denuncia, a dónde acudir y qué hacer. Como aquella madre, existen organizaciones en Colombia que le brinda a la comunidad afectada un acompañamiento. En Caldas, está la Corporación Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena centro (PDP), con interés de base comunitaria para el fortalecimiento y acompañamiento de los procesos de las comunidades.
Viviana Bedoya Franco, coordinadora de procesos técnicos y comunicaciones del PDP, narra que el pilar fundamental, para el desarrollo de actividades, es el perdón y la reconciliación para la no repetición. Un ejemplo que propone la organización de esas actividades es el plan de retorno a la vereda El Congal en Samaná, Caldas. El 19 de enero de 2002, cerca de 53 familias fueron desplazadas. Durante 11 años, El Congal fue un espacio sin comunidad.
En 2014 la comunidad decidió regresar. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia el retorno es una decisión colectiva. “Retornar puso en evidencia la resistencia de los congaleños, que continúan tejiendo acciones relacionadas con la participación comunitaria, la toma de decisiones y la exigencia del retorno colectivo”, describe el informe de la Comisión de la Verdad de 2022.
Desde su comienzo, con la colaboración de la Gobernación de Caldas, se realizaron procesos de restitución de tierras. Posterior a ello, comenzó la reconstrucción de comunidad y los eventos simbólicos: “Como grupo motor velamos por resguardar, buscar y disminuir la conflictividad. Desde el acompañamiento, una buena comunicación, pero también hacer visible en redes y medios de comunicación el proceso que se viene adelantando”, añade Bedoya.
Por su parte, Serrano aclara en su investigación que los actos simbólicos no son universales, pues hay elementos individuales del luto que solo aquella víctima sabe gestionar. “Era nuestro compromiso reconocerlos y visibilizarlos, así fuera a través de un pequeño acto simbólico. Este acto consistió en entregar a cada mujer-madre/hermana, una vela con un mensaje de esperanza. Mientras ellas nos compartían acerca de su hijo y hermano, sus gustos, sus sueños y sus ilusiones, la luz se encendía y por unos instantes representaba la vida y la memoria de ese joven que aún no se apagaba”.
Una de las situaciones repetitivas es la revictimización, frases como: “Deje el show” “su hijo era…”, fueron comunes en los resultados de la investigación. Estos actos de no reconocimiento que dificulta, según Serrano, la reconciliación de los territorios.
El conflicto deja familias rotas y hombres asesinados o desaparecidos, pero también obliga a muchas mujeres a convertirse en lideresas y promotoras de acciones colectivas. “El miedo y el horror que se instauraba por la vía de la desaparición, tenían como consecuencia que la comunidad se paralizaba”, propone la investigación.
En San Pablo, Bolívar, el dolor individual se convierte en una experiencia colectiva. Las mujeres no solamente son víctimas de la violencia, sino que asumen nuevos roles dentro de sus comunidades. “Tenemos que salir de eso”, comenta Manuela al hablar de la necesidad de continuar. Para ella, acompañar a otras mujeres es también una manera de mantener vivo el proyecto de vida de su hijo.
Una de las situaciones repetitivas es la revictimización, frases como: “Deje el show” “su hijo era…”, fueron comunes en los resultados de la investigación. Estos actos de no reconocimiento que dificulta, según Serrano, la reconciliación de los territorios. El conflicto deja familias rotas y hombres asesinados o desaparecidos, pero también obliga a muchas mujeres a convertirse en lideresas y promotoras de acciones colectivas. “El miedo y el horror que se instauraba por la vía de la desaparición, tenían como consecuencia que la comunidad se paralizaba”, propone la investigación.
En San Pablo, Bolívar, el dolor individual se convierte en una experiencia colectiva. Las mujeres no solamente son víctimas de la violencia, sino que asumen nuevos roles dentro de sus comunidades. “Tenemos que salir de eso”, comenta Manuela al hablar de la necesidad de continuar. Para ella, acompañar a otras mujeres es también una manera de mantener vivo el proyecto de vida de su hijo.
Sin embargo, el proceso de apoyo para mujeres como Manuela tienen dificultades. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), en su capítulo del Eje Cafetero, relata que, en Caldas, a partir del 2005 cuando se creó el movimiento, se vivió el silencio ante la realidad de la desaparición forzosa.
Leo Ricardo García, abogado de MOVICE en Manizales, afirma que era una zona donde no se realizaba nada. Añade que, parte de ese no reconocimiento fue por discursos institucionales que negaban rotundamente la existencia de estos casos. Años más tarde, después de la construcción de informes con ayuda de la Comisión de la Verdad, se implementa un lenguaje distinto ante la situación.
Hoy día se reflejan otro tipo de censuras entre la comunidad: “Yo creo que el más grande sigue siendo precisamente el de denunciar. Hay madres que se sientan a contar y no son capaces”, recalca García.
En MOVICE se realizan acompañamientos psicológicos para aquellas madres afectadas, un proceso similar que se hace en el PDP. Aunque, se evidencia, según estas organizaciones, falta de respaldo institucional constante para los movimientos. “Las mujeres buscadoras de esta región se están muriendo porque les falta respaldo, les falta acompañamiento”, argumenta Viviana Bedoya, quien ha participado en procesos que el PDP impulsa con un grupo de madres buscadoras en La Dorada, Caldas.
“Después que a él lo desaparecieron, mi mamá no volvió a ser la misma. Mi mamá se murió de eso, de pena moral”, relata Serrano en su artículo científico, publicado en la revista de Ciencias Sociales Niñez y Juventud del Cinde y la Universidad de Manizales, sobre Antonia, una hermana buscadora del municipio del Sur de Bolívar.
Para Serrano, el daño no se limita a la persona desaparecida. También alcanza a las familias, las relaciones y los espacios comunitarios. La investigación plantea que la desaparición altera las redes subjetivas de apoyo y produce consecuencias incluso en quienes no vivieron directamente el hecho. Es lo que el estudio aborda desde el concepto de trauma psicosocial: una herida que no pertenece únicamente al individuo, sino que también se expresa en la comunidad.
En este sentido los actos simbólicos de reconciliación producen un reconocimiento a la víctima. Desde MOVICE se realiza, en Caldas, un proyecto llamado “Osarios de la Memoria” para otorgarle un lugar a las familias de personas desaparecidas. Con el fin de brindar un sitio en el que se pongan los restos, Marcella (Risaralda) y Norcasia (Caldas) ya adelantaron infraestructura. Esta iniciativa se da para tramitar el duelo y la conmemoración.
Serrano advierte: “Tal parece que los miles de víctimas o el mismo ambiente de violencia en el que, prácticamente aprendimos a vivir, no logran perturbar nuestras comodidades, nuestras vidas tan alejadas del sufrimiento de esos otros”.
En San Pablo, la rutina no volvió a ser la de antes. Hoy día los ciudadanos ya no viven en medio de una guerra no ganada, pero la incertidumbre convive con su cotidianidad. Las madres buscadoras siguen en su lucha.
Mientras continúen encontrándose para hablar de sus hijos, sus hermanos y sus ausencias, aquella comunidad que alguna vez tuvo que encerrarse antes de las seis de la tarde seguirá encontrando maneras de volver a ocupar un espacio, y aquellos hijos no quedarán reducidos a una cifra.
Para leer más:
Artículo publicado en Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud Universidad de Manizales – Fundación Centro Internacional de Educación Y Desarrollo Humano, CINDE, con el nombre Trauma Psicosocial en Colombia Narrativas De Víctimas/Sobrevivientes De Desaparición Forzada en el Postacuerdo. https://ridum.umanizales.edu.co/items/2c811720-2059-46e0-8d15-3dab34d7c5ca
Título de la investigación: Trauma Psicosocial en Colombia Narrativas De Víctimas/Sobrevivientes De Desaparición Forzada en el Postacuerdo.
Investigadora principal: Sandra Milena Serrano Mora.
Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.
Institución participante: Cinde – Universidad de Manizales.
Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.
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